Un plenario de las Comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública avanzó esta tarde en un proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, en relación al Certificado de Discapacidad. Además, se debatió una ley de diagnóstico humanizado que cuenta con media sanción.

En primer lugar, el plenario pasó a la firma un dictamen que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se expedirá “con o sin fecha de vencimiento” y la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de su emisión, “deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”.

El objetivo es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad. En este sentido, de convertirse en ley el proyecto, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no deberá renovarse y mantendrá plena vigencia y validez desde la fecha de su emisión en aquellos casos en los que se determine la existencia de una discapacidad funcional permanente e irreversible.

La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) explicó que se presentaron siete proyectos sobre el tema. “Es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional. Son familias que están atravesadas por una vida un poco más difícil: convivir y llevar una vida con personas con discapacidad”, explicó.

“La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”, añadió Carrizo, quien dijo que el objetivo es “hacer más fácil lo que es difícil” y que el dictamen “involucra a todos los protagonistas”.

Por su parte, la diputada Graciela Caselles (Frente de Todos) coincidió en que “hemos dejado la puerta abierta a que se cumplan todos los derechos, desde facilitar los trámites, desburocratizar y facilitar caminos en una vida tan difícil como lo es enfrentar una discapacidad”.

La diputada Victoria Morales Gorleri (PRO) destacó el diálogo entre las distintas fuerzas políticas para que “el CUD sea un certificado que pueda o no ser renovable”. “Estamos dando un paso muy importante y me sumo al pedido de poner el recinto cuanto antes este dictamen que tanto esperan las familias argentinas”, dijo.

El diputado Eduardo Valdes (Frente de Todos) detalló que se calcula que “en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD”. “Que todos puedan acceder al CUD es comenzar a tener derechos”, dijo, al mismo tiempo que reclamó “fortalecer el presupuesto para las personas con discapacidad”.

Por otro lado, el plenario también avanzó con un proyecto de ley con media sanción por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

El objetivo es que los profesionales de la salud provean a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronostico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con Síndrome de Down y sus familias.

La diputada Soledad Carrizo (UCR) dijo que “el diagnóstico humanizado es una herramienta que otros países tienen, por eso es sumamente necesario que Argentina avance, para regular la relación entre los pacientes y los profesionales”.

El diputado Daniel Gollán (Frente de Todos) se preguntó “cómo hacemos para quien no cumple la ley” y reclamó “algún grado de punición, sino la ley se vuelve letra muerta”.

Del mismo modo, la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, celebró el avance del proyecto: “Firmamos este dictamen y vamos a aportar un poco más de humanidad al sistema de salud y a todos los que trabajan en él”.